El Gobierno destinará un millón de euros a la norma, pero las oposición recuerda que los presupuestos siguen sin aprobar
Este viernes entra en vigor en Madrid la Ley de Sacrificio Cero que prohíbe a los centros de acogida practicar la eutanasia a los animales abandonados. A raíz de la prorrogación de los presupuestos, los Ayuntamientos y protectoras de las Comunidad de Madrid disponen de los mismos fondos para cuidar a los cientos de perros y gatos que son abandonados cada mes. Según la Consejería de Agricultura y Ganadería, se presentará un presupuesto de “más de un millón de euros” para hacer frente al nuevo escenario, tres veces más de lo concedido en 2016. La oposición considera que la Comunidad quiere “disponer del presupuesto de los Ayuntamientos” y que “una vez más se legisla para que paguen todos”.
En la Comunidad de Madrid se abandonan unos 6.000 animales —entre perros y gatos— al año, según las últimas cifras que posee la Consejería de Medio Ambiente. Sin embargo, la Federación de Asociaciones Protectoras y de Defensa Animal de la Comunidad de Madrid (Fapam) afirma que son “más de 10.000”. Hasta ahora, los animales abandonados que no eran identificados, reclamados o adoptados entre los días 10 y 19 de su recogida, eran sacrificados en los centros municipales. El escenario cambia, pero los todavía presupuestos no y como pronto, hasta abril o mayo no se votarán.
José Luis Sanz, director de Agricultura y Ganadería, confía en que la partida de un millón de euros sea aprobada. ya que la Ley de Sacrificio Cero contó con el apoyo de todos los grupos parlamentarios, con 64 enmiendas. El 70% de las ayudas estarán dirigidas a corporaciones locales y el 30% a entidades sin fines de lucro dedicadas a la protección de animales.
La subvención de la Comunidad a Ayuntamientos y entidades para garantizar la aplicación de la ley sufragará, al menos, el 50% justificado de la inversión y del gasto corriente. Rafael Gómez Montoya, portavoz PSOE de Medio Ambiente, considera que el millón de euros es “insuficiente”. “Como no hay presupuestos, no se va a poder hacer. Una vez más estamos en el vacile de la Comunidad, que se legisla para que paguen todos”. Gómez propone que mientras no se apruebe la partida presupuestaria de 2017, los Ayuntamientos gasten en las nuevas necesidades y la Comunidad les deba.
Matilde Cubillos, presidenta de la Fapam, postula que los Ayuntamientos cumplan la ley y se adapten hasta que salgan las subvenciones o se aprueben los presupuestos. Le consta que muchos ayuntamientos ya han sacado partidas presupuestarias para la esterilización porque han pedido el asesoramiento de la federación.
Por su parte, Alejandro Sánchez, diputado de Podemos, reconoce que no sabe si el millón de euros es suficiente. “Lo suyo hubiese sido que la consejería hubiera hecho un estudio para ver las necesidades reales de los centros. Esta información no está”, repara. Sánchez celebra la ley pero agrega que “deja toda la responsabilidad en los Ayuntamientos y la Comunidad no dispone de los medios para que los Ayuntamientos puedan cumplir con su labor de manera efectiva”.
Enrique Veloso, diputado de Ciudadanos, cree que “si los presupuestos no se aprueban, la ley de protección quedará en papel mojado”. Y agrega que si se aprueba el millón de euros se encargarán de que la partida “vaya incrementándose anualmente en función del grado de cumplimiento de las obligaciones que esta Ley consigna a los Ayuntamientos”.
El Consejo de Gobierno ya aprobó el montante de la ley y desde la Consejería de Agricultura y Ganadería afirman que solo falta que salgan las bases para poder otorgar las ayudas. “No hay un tiempo estipulado, pero se prevé que será en breve”.
Fuente: elpais